El pueblo unido, jamás será vencido: de lugar común a realidad. Los gobiernos ‘democráticos’, abusan de un poder que reside en el pueblo y se manifiesta en las calles: los indígenas entienden este principio mejor que los sabiondos urbanos.
Opinión
Por: Octavio Quintero
Grupo GES
Los indígenas ecuatorianos nos acaban de dar una tremenda lección política y, sobre todo, social, porque su éxito no solo consiste en la derogación del decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina, sino en la solidaridad que desplegaron con la población urbana.
El antisocial Jaime Bayly, comentarista peruano, pretendiendo descalificar con vil mofa a los indígenas, termina diciendo una profundad verdad:
“Pero si son indígenas que viven en los bosques no tienen por qué indignarse por el aumento del precio de la gasolina… yo no sé cómo les afecta. Si son indígenas de verdad, no creo que manejen un Audi o se movilicen en transporte público”.
Cierto todo: son indígenas de verdad, viven en el bosque y no manejan un Audi, pero tienen lo que le falta a él y nosotros: solidaridad social. Esa protesta correspondía, en primera instancia, a los transportadores y la clase obrera, principales afectados con el alza en la gasolina.
Cuando el enemigo ataca y yo no protesto porque no es conmigo, cuando venga por mí, estaré solo… Es lo que enseña el poema de Niemöller sobre la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder y la consiguiente purga de los grupos contrarios, uno a uno, ante la indiferencia de los demás.
Los indígenas ecuatorianos comprendieron que si miraban a otro lado la eliminación de los subsidios a la gasolina, a pedido del FMI, podría seguir el despojo de sus derechos a la tierra, dándole la prioridad a las multinacionales que buscan afanosamente petróleo, oro y metales estratégicos en la era de la revolución tecnológica.
Es, para entrar en casa, lo que está ocurriendo en Colombia: mientras la mayoría de nosotros mira a otro lado, el gobierno, con anuencia de la CConstitucional, viene despojando a las poblaciones rurales de pequeños y medianos municipios del derecho a ordenar su territorio, prohibiendo las consultas populares cuando se trate de decidir sobre la explotación de recursos naturales no renovables.
El caso patético más reciente es el nombramiento del cuestionado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro ad hoc para atender el caso de la minera Minesa en el páramo de Santurbán: “¿Qué nos importa? –diríamos– si nosotros no tomamos agua de Santurbán”.
Otro ejemplo que está tocando a nuestra puerta: las reformas, laboral y de pensiones, que esbozan los gremios, consuetas del Gobierno, advirtiendo que “se respetarán los derechos adquiridos”.
Lo mismo anunciaron cuando se expidieron las reformas de 1990 (ley 50), 1993 (ley 100) y 2002 (ley 789). La trampa es perversa: se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores formales activos, mientras se busca su reemplazo.
Así, en ciclos cortos, hemos llegado a la tercerización, pauperización y flexibilización laboral que permea toda la legislación laboral, y quieren más, y lo van a conseguir, mientras todos miramos a otro lado.
De colofón, la ministra de Trabajo asegura que todas las propuestas “serán llevadas a la mesa de concertación tripartita”.
Eso no es garantía de nada, porque la tal mesa está dominada por el gobierno y los empleadores que, como en el caso de la muerte del Comendador en la comedia de Fuenteovejuna, los dos van a una.
En síntesis, no habrá dolientes suficientes que defiendan al páramo de Santurbán y los derechos laborales porque no tocan a la gran masa de indolentes que somos.
En palabras de Bayly, ¿por qué vamos a protestar, si no tomamos agua de Santurbán y a los trabajadores actuales les respetan sus derechos adquiridos? Cada cual que se defienda como pueda.
Ese es el tamaño del ejemplo que nos dieron los indígenas de ecuador: solo la protesta solidaria puede frenar el despojo social que dicta el FMI a nombre de un modelo neoliberal que se montó hace 40 años para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, tarea llevada a cabo con encomio por los gobiernos, abusando de un poder que reside en el pueblo y se manifiesta en las calles: los indígenas entienden este principio mejor que los sabiondos urbanos.
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